La nueva reforma hipotecaria

Los bancos tendrán tres meses, para adaptarse a la nueva reforma. El Congreso ha tomado esa decisión al votar que la nueva ley de crédito inmobiliario entre en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los 30 días, validando así una de las enmiendas a la norma introducidas durante su paso por el Senado.

El cambio ha sido respaldado por PP, Ciudadanos, PDeCAT, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria se han opuesto, sin éxito, al cambio.

De esta forma, la nueva ley de crédito inmobiliario, que ha sido aprobada definitivamente por el Congreso y ha quedado lista para su publicación en el BOE tras este último trámite parlamentario, y entrará en vigor a finales de mayo, una vez que el plazo máximo para trasponer esta directiva europea expirara hace ya tres años, en marzo de 2016.

El Ejecutivo ha evitado así in extremis una multa que podría haber alcanzado los 700 millones de euros por el retraso en esa trasposición. Lo que no ha evitado el Gobierno ha sido que saliese adelante la iniciativa impulsada por el PP y Cs, que ampliaba el tiempo que tendrán las entidades para acoplarse a los cambios.

La reforma hipotecaria salió del Congreso fijando un plazo de 30 días para que las entidades financieras se adaptasen, pero el Senado lo elevó a tres meses.

Sin embargo, el Congreso sí que ha rechazado la propuesta del PP para condicionar la entrada en vigor de las nuevas condiciones de transparencia material -entre ellas el nuevo reparto de gastos- a un desarrollo reglamentario.

La Cámara Baja también ha modificado otros cambios introducidos por el PP en la Cámara Alta, como dejar en cero el tipo impositivo del impuesto de actos jurídicos documentados, el conocido como impuesto a las hipotecas, y la regulación de un ‘crédito verde’ para fomentar las inversiones de eficiencia energética y la utilización de energía renovable en edificios.

En las votaciones del pasado jueves, el Congreso ha recuperado las comisiones por amortización anticipada en las hipotecas a tipo fijo, que el PP había duplicado en el Senado. La nueva ley fija un límite máximo a estas comisiones del 2% en los diez primeros años de vigencia del crédito y de un 1,5% a partir de entonces.

Una modificación del Congreso que sí que se mantiene es la que afecta al carácter retroactivo de la ley en lo que respecta a aquellas hipotecas con cláusulas de vencimiento anticipado, donde se regulan las condiciones de ejecución del crédito (paso previo a un desahucio).

La ley finalmente establece que los consumidores con hipotecas que contengan estas cláusulas deberán decidir qué régimen le resulta más favorable y, por tanto, si se acoge a la nueva ley hipotecaria o al vigente en la firma del contrato.

No obstante, de acuerdo con el nuevo sistema, los bancos no podrán iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria hasta 12 a 15 meses después de que un préstamo entre en mora, en comparación con tres meses del sistema anterior. Esto dificultará la capacidad de los bancos para recuperar los créditos hipotecarios morosos.

La nueva ley tendrá un impacto moderado en la calidad crediticia de las carteras hipotecarias. El alargamiento del proceso de ejecución hipotecaria aumentará el volumen total de préstamos en mora

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